Halima, Sita, Salama, Laila y Awa quieren viajar a Francia, pero para entrar en Europa necesitan un visado que en sus países de origen no les tramitan. Sin este documento o sin pasaporte tampoco pueden cruzar las fronteras africanas. Así que, el único camino que les queda es el de atravesar los controles fronterizos de forma irregular. Saben que para llegar a Francia primero han de pasar por Senegal, Malí, Mauritania y Marruecos. A veces se quedan días en alguno de estos países, otras, meses y en muchas ocasiones, años.
Mientras permanecen en esos territorios, Halima, Sita, Salama son migrantes en tránsito. Seguirán siéndolo hasta el momento en el que alcancen su destino final: Francia, Alemania o Inglaterra. Por lo general, mientras se hallan en tránsito viven en condiciones precarias: trabajan con sueldos muy bajos, residen en lugares mal acondicionados, no acceden a los servicios de salud y sufren racismo.
El derecho internacional establece que todas las personas migrantes, con independencia de su situación legal, de la forma como llegan a la frontera, del lugar de procedencia o de su aspecto físico, tienen derecho a disfrutar de sus derechos humanos. Con la finalidad de que esta premisa se cumpla, organizaciones como CEAR en España, o la CIMADE en Francia cuentan con juristas que defienden la dignidad y los derechos de las personas migrantes y refugiadas.
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) ha recomendado a los Estados que protejan a las personas migrantes en tránsito víctimas de violencia y que las remitan a los servicios médicos y psicosociales. En el caso concreto de las mujeres, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer ha pedido a los Estados que tomen medidas para prevenir, enjuiciar y castigar todas las violencias de los derechos humanos relativas a la migración que se produzcan bajo su jurisdicción.
A pesar de las recomendaciones y de que el derecho internacional ampara a las personas migrantes, en la frontera hispanofrancesa se vulneran sus derechos. En el control instalado en el puente Internacional, los gendarmes solicitan la documentación a las personas negras y árabes. Si no la tienen, les impiden la circulación y les obligan a volver a España.
Según el derecho internacional, los Estados no pueden expulsar a los migrantes de su territorio cuando estos corren riesgo de sufrir perjuicios graves a su regreso. Toda devolución ha de estar bien documentada y justificada, ha de tener su procedimiento legal.
Algunas personas migrantes que logran cruzar a Francia, tras varios días, e incluso meses residiendo en el país, las autoridades las devuelven a España. A estas personas se las llama dublinadas.